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Los días 4 y 5 de septiembre asistí al espacio de diálogo “Los feminismos ante el derecho penal” en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, convocado por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM, con la colaboración de asociaciones como: Intersecta, Equis Justicia para las Mujeres, Instituto de Justicia Procesal Penal A.C., Círculo Feminista de Análisis Jurídico, Red Nacional de Abogadas Indígenas, entre otras. La intención de este artículo es compartir algunos de los temas que abordaron académicas, abogadas y estudiosas del derecho, así como feministas y activistas sociales.

Durante la conferencia magistral de apertura a cargo de Encarna Bodelón –Profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona–, se hizo énfasis en que el concepto feminista de violencia es más amplio que los tipos penales recogidos por el derecho positivo vigente. La realidad es más compleja e inabarcable que lo estipulado en los tipos penales. Más aún, Bodelón presentó los resultados de un análisis jurisprudencial que arrojaron la persistencia de estereotipos judiciales que, muchas veces, se ven reflejados en las sentencias. Y es que, el marco de referencia feminista es muy distinto al marco de referencia del derecho liberal burgués.

Congreso los feminismos ante el derecho penal

Por ejemplo, los operadores judiciales, ante crímenes de violencia sexual, muchas veces exigen que las víctimas demuestren resistencias sobrenaturales y comportamientos heroicos ante su agresor o agresores. Está claro que no todas las víctimas reaccionan igual ante determinados hechos; esto, aunado a que el colectivo femenino es heterogéneo y diverso: una niña no va a reaccionar igual que una mujer adulta con discapacidad.

Por lo tanto, el tratamiento judicial muchas veces discrimina a determinados colectivos de mujeres. En estos casos, necesitamos que el derecho penal y la justicia no sean ciegas y perciban las relaciones de poder asimétricas protagonizadas por personas concretas en escenarios contextualizados. Necesitamos que el derecho penal perciba los géneros en tanto construcciones socio-culturales cambiantes.

Cierta y desgraciadamente, dentro del sistema judicial persisten muchos mitos en torno a la violencia de género. Hay una idea de que las mujeres son las que provocan las agresiones; existe también una cierta naturalización de la sexualidad masculina que se describe como naturalmente agresiva e incontrolable. Ante esto, la credibilidad de las mujeres languidece mientras que su testimonio pierde valor.

“La sexualidad de las mujeres es puesta bajo sospecha”.

No olvidemos que en los primeros textos jurídicos que condenaban la violencia sexual en contra de las mujeres, el bien jurídico protegido no fue ni mucho menos la libertad sexual de estas mujeres, sino su honestidad ligada a la honorabilidad de su familia. En la actualidad, las mujeres exigimos se respete nuestra libertad sexual e integridades física, emocional, mental y espiritual independientemente del grado de honor que nos asigne la sociedad conforme a sus sistemas de creencias.

Y es que, los sistemas de creencias plasmados en antiguos textos jurídicos que buscaban proteger la honorabilidad de mujeres “respetables”, al tiempo que distinguían a las mujeres “no respetables”, persisten hasta nuestros días y están muy arraigados en la conciencia colectiva, en la cultura ciudadana y en las subjetividades de los operadores del derecho; éstos, muchas veces dudan de la voz de mujeres que no se han conducido “con honor”, tal y como sucede con las prostitutas. En efecto, para una prostituta es muy difícil probar una agresión sexual puesto que su palabra es aún más cuestionada.

Luego entonces, ¿es el derecho penal una herramienta para la emancipación de las mujeres? El derecho penal no es suficiente, sin embargo, es necesario que las leyes y sus procedimientos adopten la perspectiva de género, y que los operador@s jurídicos y los demás actores involucrados (juezas y jueces, peritos y peritas, abogadas y abogados, etc.) se pongan las gafas color violeta; feminizar el derecho penal y hacerlo más incluyente y transformador. Además, hemos de ser conscientes que la sobreinclusión o generalización de determinados tipos penales entra en disonancia con el proceso de especificación de los derechos fundamentales. Por eso, es importante el diálogo continuo y reconstructivo entre el derecho penal y aquellas propuestas civilizatorias como el feminismo.

A saber, el derecho penal proviene de Ius Puniendi, “que significa el derecho o facultad del Estado para castigar”. Luego, es evidente la importancia de limitar el gran poder punitivo del Estado; de ahí que dentro del derecho penal existan principios fundamentales para garantizar un debido proceso o acceso a la tutela judicial efectiva. El debido proceso es la llave que abre la puerta otros derechos. Al respecto, en la mesa denominada <<Debido proceso penal: ¿un derecho patriarcal?>> se concluyó que “un debido proceso sin perspectiva de género y sin enfoque diferencial no es un debido proceso”. Aunque somos conscientes de que lo deseable sería no tener que acudir al derecho penal. Como sabemos, también existe un deber del estado de erradicar los estereotipos de género y prevenir que las violencias contra las mujeres no ocurran1). En el caso de México es evidente que el Estado ha fallado en sus obligaciones con respecto a la sociedad civil.

También, somos conscientes de que no podemos construir sociedades de paz ni empoderar a las mujeres si solo pensamos en el castigo.Hay que pensar, por lo tanto, en la justicia restaurativa y en una reparación del daño, tanto integral como transformadora, no solo para las víctimas, sino también para los agresores y para la comunidad afectada. También, somos conscientes de que las prisiones están hechas para las NO personas y que la cárcel no nos brinda acceso a la justicia, tal y como se expuso en la mesa 3 <<La cárcel: ¿se puede justificar?>>.

“Cuando estamos obsesionadas con sancionar, sancionar y sancionar lo que hacemos es individualizar un problema estructural, señalar las manzanas podridas del cesto pero no señalamos el problema estructural que generan esas manzanas podridas”2).

A propósito, el testimonio brindado por Kenya Cuevas fue abrumador. La activista a favor de los derechos de la comunidad trans nos compartió sus vivencias durante su estancia en la prisión de Santa Marta; su historia me hizo reflexionar sobre el fracaso de los sistemas carcelarios y de readaptación de México y del mundo. El Gobierno mexicano también ha fracasado en prevenir, perseguir y castigar los delitos en contra de la comunidad LGTBIQ+ y, en concreto de la comunidad trans. En la actualidad, México se posiciona como el segundo país de violencia por transfobia después de Brasil. Dentro de su ponencia, Cuevas pronunció un texto denominado de su autoría “¿De qué mueren las personas trans en México?

Podemos afirmar que en México no hay justicia cuando somos el cuarto país más impune a nivel global3). Pero ¿Qué es eso de la justicia? De acuerdo a M. Sandel “la justicia no solo se trata de la manera debida de distribuir las cosas. Trata también de la manera debida de valorarlas”4). En el pensamiento de María Eugenia Rodríguez Palop lo anterior tiene sentido porque: “no se llega a una sociedad justa solo con garantizar la libertad de elección, como Rawls supone. Para llegar a una sociedad justa también hemos de razonar juntos sobre el significado de la vida buena (creando, por supuesto, una cultura pública que acoja las discrepancias)”5). Si no nos preguntamos y reflexionamos juntos como sociedad acerca de lo que consideramos bueno y malo, deseable o indeseable, la dirección de nuestro barco irá a la deriva, o peor aún, alguien más nos conducirá de acuerdo a sus intereses, como hasta ahora.

El concepto de justicia que heredamos de los sistemas jurídicos de la Modernidad –los cuales desactivaron las concepciones de la vida buena dentro del debate público– durante mucho tiempo han asumido que tenemos una dualidad identitaria: por una parte, una identidad política y, por la otra, otra privada. La justicia ha ignorado la esfera relacional, la cual fue confinada al ámbito privado; esta esfera relacional es la que tiene que ver con los cuidados de personas dependientas, con la regeneración cotidiana de la fuerza de trabajo, con los afectos y, en general, con nuestros bienes y prácticas relacionales a propósito de nuestra inherente interdependencia y ecodependencia.

Luego, desde el feminismo, el ecofeminismo y desde la ética de cuidado se intenta que la justicia abarque esferas que –dada su suma importancia en el sostenimiento de la vida y en la calidad de vida de las personas– deberían de estar en el centro de la discusión pública y en los debates sobre la justicia. También, encontramos muchos ejemplos de justicia –que se alejan de la concepción de justicia que hemos heredado de la modernidad- dentro de comunidades originarias. Lo importante es empezar a construir justicia tomando en consideración nuestras relaciones y poniendo en el centro a la VIDA.

Feminismo

Entonces ¿Qué queremos las mujeres mexicanas frente al derecho penal? 

De acuerdo al contenido de este espacio de discusión, lo siguiente:

Que se nos respete nuestra libertad sexual, nuestro cuerpo y subjetividades;

• Queremos relaciones sexuales consentidas y felices;

• Queremos que nuestra voz y testimonios pesen;

• Queremos caminar tranquilas por los espacios públicos y por nuestros hogares;

• Queremos que los feminicidios y las violencias en contra de las mujeres terminen;

• Queremos que los jueces y las juezas se centren en los medios cognoscitivos para el esclarecimiento de los hechos delictivos;

• Queremos que la justicia penal se traduzca también en la adopción de medidas y políticas de restauración que sean transformadoras, sanadoras y que nos empoderen (de carácter simbólico, económico, psico-social, consciencial); también queremos políticas de memoria y de perdón, así como garantías de no repetición ni de re-victimización;

• Queremos empatía durante un proceso penal;

• Queremos que el derecho penal perciba la violencia estructural y las asimetrías en las relaciones de poder de acuerdo al género;

• Queremos justicia cognitiva social;

• No queremos que el Estado nos asigne instituciones periféricas para que nosotras mismas tengamos que resolver los problemas sociales;

• Queremos que la violencia de género y sus antídotos la educación y la perspectiva de género constituyan ejes centrales y transversales en todos los niveles de gobierno;

• Pero, sobre todo, no queremos ser víctimas.

Mis felicitaciones y reconocimiento a todas las panelistas.

Pincha aquí para descargar el programa de este evento.

Notas bibliográficas   [ + ]

1. A propósito, la conocida sentencia Campo Algodonero concreta las responsabilidades del Estado, antes y después de que ocurran los hechos. Entre éstas encontramos: un deber de prevención, esto es, combatir los estereotipos de género y adoptar medidas que prevengan las agresiones machistas, más aún en un contexto de violencia sistemática hacia las mujeres como el que se venía dando en Ciudad Juárez; y, un deber de actuar con la debida diligencia durante el procedimiento, lo que se traduce en garantizar medidas de protección a las víctimas, garantizar el debido proceso o acceso a la tutela judicial efectiva, así como proporcionar una reparación a las víctimas, entre otras.
2. En palabras de María Eugenia Rodríguez Palop. Entrevista por parte de Carlos Monedero en su programa “En la Frontera”. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=MbNTAgpVDrE
3. Entendemos por impunidad la “Inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus victimas. UDLAP, Índice Global de Impunidad en México: la impunidad subnacional en México y sus dimensiones, IGI-MEX 2018, Coordinadores Juan Antonio LE CLERCQ y Gerardo RODRIGUEZ SÁNCHEZ, San Andrés Cholula Puebla, 2018.
4. Michael SANDEL, Justicia ¿Hacemos lo que debemos?, trad. J.P. Campos Gómez, Debate, Barcelona, 2011, p.296.
5. María Eugenia RODRÍGUEZ PALOP, “Derechos humanos y buen vivir: sobre la necesidad de concebir los derechos desde una visión relacional”, en Papeles de relaciones ecosociales y cambio global. Nº 128 2014/15, pp.39-48.